CUT podría perder terreno ubicado en la 3era etapa del Río

• Jesús Ruiz Barraza denuncia acto de corrupción contra la institución educativa

Tijuana, B. C., a 23 de enero de 2019.- La Universidad de Tijuana CUT está a punto de ser despojada de un terreno de alrededor de 30 mil metros cuadrados, ubicado en la Tercera Etapa del Río, con un valor económico actual superior a los 6 millones de dólares.

Así lo dio a conocer el Maestro Jesús Ruiz Barraza, Rector del Sistema CUT, durante una rueda de prensa para denunciar que se trata de un “acto de alta corrupción” por las presiones que recibiera José Mario Pardo Rebolledo, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Si la autoridad me requiere la entrega del terreno, voy a cumplir con el mandato llevando a los estudiantes del CUT para que sean testigos de este despojo”, enfatizó. Dicho terreno se encuentra ubicado a la altura de la Plaza China, a un costado del Templo Mormón en la tercera etapa del Río Tijuana.

El maestro Jesús Ruiz Barraza recordó que este predio lo adquirió en 1996 de un posesionario de nombre Rubén Moreno Guerra, quien lo utilizaba para sembrar verdolagas. Por este terreno pagó en aquella época la cantidad de 650 mil dólares y sería utilizado para construir un nuevo Campus del CUT.

Señaló que por decreto Presidencial, durante la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, se donó al Gobierno de Baja California una superficie de alrededor de 3 mil hectáreas en la canalización del Río Tijuana, para obras de infraestructura y equipamiento urbano, una zona ecológica y desarrollo habitacional.

Por su parte, el Gobierno de Baja California durante el mandato de Héctor Terán Terán creó el Fideicomiso Río Tijuana Tercera Etapa  con los bienes que le fueran donados por el gobierno federal, sin previo decreto de la Legislatura estatal, contraviniendo así la Ley General de Bienes del Estado.

“Esto lo hizo el gobierno del estado en la época de Héctor Terán para eludir la responsabilidad de cumplir con los objetivos planteados por la donación del gobierno federal, por lo que se constituyó el fideicomiso con banco Santander”, explicó Ruiz Barraza tras precisar que este acto es producto de una enajenación fraudulenta que se contrapone a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Bienes del Estado de Baja California.

Expuso que después de muchos años de procesos jurídicos, la institución educativa ha sido afectada por una sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una resolución en contra. Por tal motivo, en octubre de 2018 se presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bajo el número P-2342-18 para que realice una revisión en base a lo establecido en el artículo 29.2 del Reglamento de la misma Comisión.

“Esto es un atraco porque se agrede a una institución educativa que si bien es privada, la ley la autoriza a disfrutar de bienes públicos adquiridos legítimamente”, sostuvo el Rector del CUT luego de apuntar que estas acciones deleznables no pueden seguir ocurriendo en México por lo que se dijo a favor de las medidas contra la corrupción que ha tomado el Presidente Andrés Manuel López Obrador.