Reinserción social desde la criminología derechos humanos y dignidad en el sistema penitenciario

• Comparten experiencia en la atención integral de personas privada de la libertad

Tijuana, B. C., a 18 de octubre de 2025.- Con un enfoque integral y humanista sobre el sistema penitenciario mexicano, la maestra Martha Jiménez García, profesional con casi diez años de experiencia en el ámbito de la criminología, impartió la conferencia «Aspectos criminológicos y derechos humanos en personas privadas de la libertad legalmente», como parte del Congreso Nacional de Ciencias Forenses.

A lo largo de su intervención, destacó la importancia de aplicar un tratamiento individualizado a cada persona privada de la libertad, considerando sus condiciones sociales, psicológicas, físicas y jurídicas, así como el respeto irrestricto a sus derechos humanos, la perspectiva de género y la seguridad dentro de los centros penitenciarios.

La especialista subrayó que el trabajo criminológico dentro de los centros penitenciarios va más allá de la vigilancia, abarcando procesos de clasificación, reubicación y seguimiento personalizado.

“Cada persona privada de su libertad presenta características únicas que deben ser abordadas desde una perspectiva multidisciplinaria”, afirmó Jiménez García, quien enfatizó la necesidad de considerar factores como la pertenencia a grupos indígenas, discapacidades físicas o mentales, y antecedentes familiares para diseñar planes de reinserción efectivos.

Asimismo, explicó que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece cinco ejes rectores para la reinserción social: trabajo, capacitación, educación, salud y deporte, los cuales deben guiar la administración penitenciaria. En este sentido, detalló el proceso de ingreso de los internos, que inicia en el Centro de Observación y Clasificación, donde se realiza una entrevista multidisciplinaria inicial, se elabora un diagnóstico criminológico, y se canaliza a las áreas correspondientes según las necesidades detectadas.

La maestra Martha Jiménez también abordó el tratamiento diferenciado que se brinda a personas involucradas en delitos de delincuencia organizada, quienes son reubicadas en centros penitenciarios con infraestructura adecuada para garantizar la seguridad. Destacó el papel del criminólogo como mediador en la resolución de conflictos internos, así como en la elaboración de estudios de riesgo, seguimiento y beneficios penitenciarios.

La conferencia dejó claro que el respeto a los derechos humanos y la atención especializada son pilares fundamentales para lograr una verdadera reinserción social, reafirmando el compromiso de los profesionales del sistema penitenciario con una justicia más humana y efectiva.

La especialista abordó el diseño del plan de actividades, un documento clave que establece las acciones que cada persona privada de la libertad debe realizar durante su proceso de reinserción o ejecución de sentencia. Este plan, de carácter individualizado, se construye a partir de la identificación de indicadores de riesgo y necesidades específicas, como el nivel educativo, estado de salud, habilidades laborales y situación psicosocial.

“Si una persona llega con estudios de primaria, se le canaliza a secundaria; si tiene secundaria, se le impulsa hacia la preparatoria, y así sucesivamente”, explicó.

Además, destacó la importancia de aplicar una perspectiva de género en la atención penitenciaria, conforme a la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. En centros mixtos como el de Tijuana, se deben implementar mecanismos que garanticen la integridad física y psicológica de toda la población, reconociendo que el género es una construcción social que influye en las condiciones de vida y en las causas de la conducta delictiva.

“Las mujeres privadas de la libertad, así como las personas de la comunidad LGBT+, son grupos de atención prioritaria que requieren un enfoque sensible y diferenciado”, señaló.

La clasificación penitenciaria, añadió, debe ser revisable y temporal, nunca una medida punitiva, sino una herramienta para garantizar condiciones dignas de internamiento. En este contexto, los derechos humanos cumplen funciones esenciales: protegen a las personas contra abusos, establecen límites a la actuación de los servidores públicos y promueven la participación activa de los internos en su proceso de reinserción.

Jiménez García recordó que el artículo 1º de la Constitución establece la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como investigar y sancionar sus violaciones. En Baja California, la Comisión Estatal de Derechos Humanos realiza brigadas periódicas en los centros penitenciarios para atender las necesidades de la población interna.

“Toda persona privada de la libertad tiene derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo alimentación, agua, vivienda, vestido, atención médica y educación”, sostuvo la ponente.

Destacó que en el centro penitenciario de Tijuana se les permite el uso de la yarda dos veces por semana, donde pueden realizar actividades recreativas, comprar artículos personales, hacer llamadas telefónicas y disfrutar de momentos de esparcimiento. “Todos los presos deben disponer de al menos una hora diaria de ejercicio al aire libre”, señaló al reiterar la importancia de garantizar condiciones dignas de vida dentro de los centros penitenciarios.

La seguridad, tanto física como psicológica, debe ser garantizada para todos los actores del sistema penitenciario como internos, personal administrativo, jurídico, de seguridad y visitantes. En caso de conflicto entre internos, el departamento correspondiente puede activar medidas de protección, como la reubicación en áreas de custodia protegida, a través del derecho de petición.

Respecto al orden y la disciplina, Jiménez García subrayó que deben mantenerse con firmeza, pero sin exceder los límites establecidos por la Ley Nacional de Ejecución Penal. “Las sanciones deben estar claramente especificadas en la ley o en reglamentos legales, y nunca imponerse de manera arbitraria o verbal”, afirmó.

También mencionó que prácticas antiguas, como las que se realizaban en el Pueblito, han sido reemplazadas por mecanismos más respetuosos de los derechos humanos, gracias al trabajo conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La especialista compartió el caso de una persona sentenciada a 110 años de prisión, destacando la importancia de mantener ocupados a los internos, incluso aquellos con condenas largas, para evitar el desarrollo de liderazgos negativos. “Aunque no puedan salir, deben tener acceso a actividades que les permitan mantener su salud mental y contribuir a su entorno”, concluyó.

Al finalizar la conferencia, el coordinador Académico de Ciencias Forenses, el licenciado Carlos Sebastián Vidaure Gutiérrez, entregó un reconocimiento a la maestra Martha Jiménez García por su valiosa participación en el Congreso Nacional de Ciencias Forenses, en su quinta edición, y por su contribución al fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de la Universidad de Tijuana.